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Regularmente se considera que estudiar el pasado de las sociedades puede ser un ejercicio humanístico, con el fin de otorgar una historia que pueda dar el sustento a diversos discursos y posiciones en torno a lo que implica la formación, desarrollo y fortaleza de los Estados-nación durante los siglos XIX, XX y XXI. Sin embargo, poco se ha considerado que reconstruir la memoria histórica de las sociedades a las que pertenecemos es más que un ejercicio de aprendizaje de fechas y eventos, y en mucho puede ayudar a evitar que podamos repetir errores en ciertos pasos, argumentos y acciones, además que permite analizar como se fueron conformando, para el caso que aquí nos atañe, las diversas formas de propiedad que en la actualidad observamos, como por ejemplo, el ejido, los bienes comunales y la propiedad privada. Asimismo, nos permite entender porque en muchas regiones de México, los conflictos por la tierra y el agua parecerían no tener solución inmediata, sin meditar que muchos se fueron gestando a fines del siglo XVIII, se desarrollaron durante el siglo XIX y se incrementaron con las leyes agrarias de los gobiernos emanados de la Revolución de 1910.
En las últimas tres décadas del siglo XX, la historiografía llegó a considerar que el análisis en torno a la propiedad de la tierra debería de girar básicamente en torno a dos actores sociales: las propiedades privadas y los denominados pueblos indios. Esta tendencia originó la realización de trabajos donde básicamente se presentaban conflictos por límites, invasión de tierras, ventas y compras de terrenos, producción, peonaje, así la manera en que impactaron en los pueblos indios las leyes de desamortización y baldíos (deslinde y repartición de tierras corporativas) originadas desde 1856, así como estudios donde el objetivo central eran de las unidades productivas, sociales y políticas (Marino, 2001: 33-44; Fowler-Salamini, 2003: 205-246; Schenk, 1999: 215-227; Mulhare, 2004: 1-36; Aboites, 2000: 27-42). En términos de las haciendas, el análisis de sus orígenes, principalmente tomando en cuenta las familias a quienes pertenecieron, las estructuras laborables que tuvieron, el tipo de producción, de cómo se apropiaban del agua, que infraestructura contenían y la influencia que tuvieron en la región donde se encontraban asentadas, ha sido lo que ha predominado en los estudios (Sanders y Price, 2003: 69-88; Gómez, 2000: Fowler-Salamini, 2003: 205-246; Bracamonte, 1993: Sánchez, 2001). Lo importante es que paulatinamente se ha ido desmitificando la idea de que las haciendas eran propiedades que solamente le daban estatus al dueño o eran el aval para obtener recursos financieros para otras actividades económicas, aspecto que permite superar lo realizado en las décadas anteriores.
Respecto a los pueblos indios, la preocupación historiográfica ha girado, para el caso del siglo XIX, en el incremento de presencia de mestizos en las localidades -el cual se había desarrollado durante el periodo colonial- así como en la pérdida de algunas de las tierras comunales y cofradías, conflictos con propiedades privadas e intercomunales y la apropiación que muchos pueblos hicieron de tierras (Monaghan, Joyce y Spores, 2003: 131-150; Mendoza, 2004: caps. IV y VI; Menegus, 1999: 279-298; Birrichaga, 2003). En este sentido, se ha considerado que los momentos más difíciles para los indígenas fueron después de la década de los setenta, cuando los gobiernos nacionales y estatales fortalecieron sus redes y presencia en las regiones, además de ser un periodo en que se dio un cambio generacional, por lo que las antiguas alianzas se recompusieron (Ducey, 1997: 65-93 y 2004; Escobar Ohmstede y Gordillo, 1998: 17-74; Escobar Ohmstede y Gutiérrez, 1999: 205-259).
Podemos considerar que mucho más se ha avanzado en tratar de entender a los pueblos indios en el siglo XIX, principalmente y más para la segunda mitad del mismo siglo. Para el caso de las propiedades privadas, sin duda el esfuerzo ha sido centrado en analizarlas de manera regional e individual, en algunos casos "satanizándolas" y en otros, mostrando la capacidad de influencia en sus respectivos espacios.
Sin embargo, en las diversas perspectivas, no se ha considerado mucho una forma de tenencia de la tierra que contuvo características comunales y privadas en su seno, y que fue mencionada por los intelectuales posrevolucionarios, así como considerada dentro del artículo 27 de la Constitución de 1917. De manera reciente se ha analizado el papel del condueñazgo y las sociedades agrarias, las últimas como un resultado de la ley de desamortización del 25 de junio de 1856, mientras que el primero considerado como terrenos proindiviso, fuese propiedad privada (haciendas y ranchos) o terrenos comunales, donde si bien existían propietarios de cada terreno, estos no se encontraban delimitados con cercas de alambres o piedras. Asimismo, cada propietario podía traspasar de manera libre sus derechos sobre la tierra y acceder, pagando una cuota, a los terrenos que se encontraban en común (Kourí, 2004: 157-186; Ducey, 1997 y 2004: 94-109; Escobar Ohmstede y Gutiérrez, 1999: 205-256; Escobar Ohmstede y Gordillo, 1998: 15-74).
Frente a lo anterior, tendríamos que tomar en cuenta que el análisis de las estructuras agrarias e hídricas debe de considerar una serie de elementos (población, creación de pueblos y misiones en sus terrenos, ecosistemas, poder regional, relaciones sociales de poder, obras hidráulicas y agrarias, distribución de los campos agrícolas, especialización de la producción) que nos permitan observar la aparición, desarrollo, consolidación y decaimiento de cada una de las unidades productivas. De esta manera, creemos, podemos dejar de lado lo blanco y negro que ha marcado una parte importante de la historiografía.
Este trabajo lo pretendemos ubicar en un contexto intermedio de la historiografía que implica el considerar a las propiedades privadas como unidades económicas, conocedoras y manejadoras de su espacio físico, así como de la relación que existió con algunos pueblos indios. No solo lo productivo y el manejo de los medios naturales son importantes, sino también la manera en que se encontraba distribuida la población, actividades y de qué forma estaba ocupado el territorio. Quisiéramos aclarar que este es un primer acercamiento a la manera en que se conformaban las estructuras agrarias en dos espacios sociales hasta cierto punto disímiles: la actualmente denominada zona media, antes Partidos de Oriente, y la Huasteca potosina, lo que nos permitirá comprender los cambios y continuidades que tuvieron las estructuras agrarias en la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX. Podemos adelantar, que la conformación de la propiedad privada en la denominada zona media, donde las haciendas se encontraban una tras otra y donde se presentaba una escasa presencia de pueblos, tuvo sus orígenes a finales del siglo XVII, cuando funcionaron como estancias y agostaderos ganaderos, y su consolidación durante el siglo XVIII. Mientras que en la Huasteca la predominante presencia de población indígena, y debido a la política de congregaciones, encontramos un número importantes de pueblos, principalmente al sur de ésta, y donde si bien existieron propiedades denominadas como haciendas, éstas se encontraban incrustadas entre tierras indígenas o al norte de la misma.

Un intento de comparación
Como comentamos anteriormente, este trabajo es una aproximación a una comparación entre dos espacios sociales, que si bien tuvieron y tienen un intenso intercambio comercial, de personas, de cultura, además de compartir divisiones político-administrativas y eclesiásticas, paulatinamente se les fue diferenciando en lo que se definió en términos administrativos en los años sesenta y setenta del siglo XX como la zona media potosina (Rioverde-Ciudad del Maíz) y la Huasteca (Valles-Tancanhuitz-Tamazunchale). ¿El porqué el interés de observar y analizar de manera general, por ahora, como se encuentran los diversos actores agrarios en dos espacios sociales que difieren en sus orígenes y conformación geográfica, espacial, poblacional? Una primera explicación, hasta cierto punto sencilla, es que los diversos actores de la época, si bien tenían claras las diferencias geográficas, y todo lo que esto implique, su accionar, en muchos casos, no se basaba en las divisiones políticos-administrativas internas o externas al espacio social en que ellos se movían, sino en las diversas necesidades materiales en que estructuraban sus entornos. La circulación de personas y bienes conllevaba a una delimitación porosa que en ocasiones funcionaba administrativamente, pero que se empalmaba en lo eclesiástico, militar y fiscal. Asimismo, debemos de considerar, que al menos hasta 1824, Ciudad del Maíz pertenecía jurisdiccionalmente a la subdelegación de Villa de Valles, y que mucho del comercio, legal e ilegal, proveniente del Golfo de México, tenía como destino final la ciudad de San Luis Potosí, por lo que las alianzas comerciales, militares y familiares se sobreponían a la diferenciación que marcaban las diversas autoridades y unidades político-administrativas. De esta manera, podemos adelantar que varios propietarios contaban con propiedades en varias jurisdicciones administrativas y eclesiásticas, así como que las tierras indias estaban más allá del posible conocimiento y control de los ayuntamientos decimonónicos, y en ocasiones se encontraban compartiendo dos municipios.
Por otra parte, la población en el eje Cerritos-Rioverde-Alaquines-Ciudad del Maíz se ubicaba principalmente en haciendas y en algunos poblados, algunos de los cuales tuvieron como origen el ser misiones fundadas en tierras de hacienda, como fue el caso de la Divina Pastora y la de San José del Valle del Maíz, que en 1825 se decía que 14 ranchos pertenecientes a Doña Ma. Faustina Ortiz de Zarate estaban unidos teniendo en "el centro el fundo de este pueblo y misión de San José del Valle". En el caso de la Huasteca, la población indígena era, en ciertos momentos, forzada a trabajar en las haciendas cercanas, que como decían los oficiales del ayuntamiento de Aquismón en 1830, se había realizado desde "inmemorial tiempo". Aspecto que nos permite considerar la existencia de una población mayoritaria bajo la férula de los pueblos más que de las haciendas.
Si bien, ambos espacios tuvieron fuertes presencias de haciendas, estancias y ranchos, la herencia material ha quedado más clara en la zona media, la cual se ve reflejada en grandes cascos de hacienda, norias, eras, acueductos y canales construidos para su posible perpetuidad desde el periodo colonial y siendo modificados y ampliados durante gran parte del siglo XIX; mientras que en la Huasteca, debido al clima y a la movilidad de la población se hablaba de "jacalones". Sin embargo, no solamente esto es lo que nos marca una diferencia con la Huasteca, sino las grandes concentraciones de tierras que muchas de estas propiedades llegaron a tener en la zona media, las que iban desde 10 mil hasta 178 mil hectáreas (La Angostura), mientras que en la Huasteca el promedio era de 3 mil hectáreas o menos. A la par de este hecho, debemos considerar que la Huasteca contó con importantes conglomerados de pueblos indios coloniales (nahuas, teenek, otomíes y pames), mientras que en Rioverde y Ciudad del Maíz existieron poblaciones pames que fueron rápidamente mestizadas, no encontrándose más de esta población, al menos en las dos poblaciones mencionadas, en las tres primeras décadas del siglo XIX. Asimismo, parte de la población pame fue utilizada para fundar y poblar las misiones que se crearon en la década de los cuarenta del siglo XVIII en el actual estado de Tamaulipas, por lo que esta población se fue focalizando en algunos puntos.
Un aspecto importante de comparación, es el referente al control del agua. En primer lugar debemos de considerar que mientras que en la zona media la precipitación pluvial promedia 400 mm/a, los cuales pueden caer en tres días, en la Huasteca, es de 1 000 mm/a, con altos niveles de humedad. Esto implicó el necesario control, en la zona media, sobre los recursos hídricos (lagunas, manantiales, ríos perennes y torrenciales) a través de presas, represas, canales, etc. Por lo que la competencia por el vital líquido llevó a la adquisición, por parte de individuos y familias, de aquellas propiedades que lo tenían o al conflicto entre éstas (Berumen, 2005; Escobar Ohmstede, 2004: 29-34 y Escobar Ohmstede, 2005: 157-184). Asimismo, podemos considerar que fue hasta la primera mitad del siglo XIX, que las haciendas potosinas diversificaron y aumentaron su producción, con el fin de canalizarla más allá del espacio conocido, incluyendo la ciudad de San Luis Potosí. Mientras que en el caso de la Huasteca, tanto los pueblos indios como las propiedades siguieron poniendo al piloncillo y al ganado en las redes comerciales extra-regionales, aunque el tabaco se estaba convirtiendo en un producto de alto valor, aun cuando estaba prohibida su siembra y cosecha.
Las diferencias climáticas y orográficas, tipos de población y asentamiento socio-étnico, la existencia de reminiscencias de pueblos-misión, pueblos mestizos, barrios indígenas, ranchos mixtos y otro tipo de estructuras fueron determinando la manera en que se estructuraron las diversas formas de propiedad en ambos espacios. También habría que puntualizar que podemos encontrar una diferenciación entre la primera mitad del siglo XIX y la segunda, ya que no solamente hubo cambios y permanencias de propietarios en ambos espacios, sino que también los pueblos se enfrentaron a nuevos actores sociales, como los ayuntamientos, los jefes políticos y la diversificación socio-económica interna. Asimismo, podríamos decir que gran cantidad de las propiedades conservaron, junto con los pueblos, muchos de sus espacios territoriales en el México republicano, aun cuando las leyes de desamortización, colonización y baldíos parecerían indicar importantes modificaciones en los espacios agrarios.
A lo anterior habría que agregarle, el papel de los grupos de poder, no homogéneos ni monolíticos, y de las familias que les dieron forma. En este sentido habría que tener claro que muchas de las familias, cuyos orígenes se remontaban al periodo colonial, (Verástegui, Díez Gutiérrez, Espinosa y Cuevas, Ortiz de Zarate, Barragán) no solamente controlaron la tierra y el agua, igual contaron con una clientela política basada en deudores, arrendatarios, peones, vaqueros, mayordomos y administradores, además del control político del estado (gobernador, congreso nacional y estatal, jefes políticos, miembros de los ayuntamientos) y muchos de sus miembros formaron parte del gabinete porfirista y fueron gobernadores en otros estados (Pablo Escandón en Morelos). Si bien en la Huasteca existieron grupos de poder que posteriormente accedieron al gobierno estatal, esto se dio por resultado de la revolución, sin embargo, muchos de ellos construyeron sus alianzas desde fines del siglo XVIII (Jongitud, Santos, Rivera, Oyarbide, Altamirano) y funcionaron como aliados para los grupos de la zona media. En el caso huasteco, los grupos se apoyaron en una clientela indígena, debido a su papel como mayordomos de cofradías, miembros de ayuntamientos, apoderados o intermediarios en varios casos, sin que ello implique que la paulatina existencia de condueñazgos en la segunda mitad del siglo XIX les dio una clientela similar a los de la zona media.
Sin embargo, no es interés de este trabajo hablar sobre los orígenes de cada una de las familias que fueron conformando el mosaico político, económico y social que predomino sobre la vida decimonónica del actual territorio político-administrativo de San Luis Potosí, sino solamente mostrar cómo y de qué manera sus propiedades dominaron una parte importante del escenario agrario durante gran parte del siglo XIX.

Las estructuras agrarias e hídricas
Con base en la información hasta ahora considerada, en la zona media existían 39 haciendas aproximadamente, mientras que en la Huasteca 22. Sin embargo, esta cantidad puede diferir sustancialmente, ya que los datos fueron tomados de las Noticias Estadísticas elaboradas en 1825-26 y 1836-37, y en donde en muchos casos las haciendas no se repiten, lo que no implica su desaparición, sino posiblemente su "ocultamiento" a los ojos del encuestador o funcionario.
En la zona media, que correspondía a las jurisdicciones decimonónicas de Rioverde y Valle del Maíz, observamos que entre 1825 y 1826 se consideraron solamente los pueblos de San José del Valle, Purísima Concepción del Valle del Maíz, Gamotes, Divina Pastora, Santa Elena, Rioverde, Pinihuan, Lagunillas y Alaquines, es decir 9 localidades con población fija, frente a 20 haciendas con un número importante de ranchos. En el caso de la Huasteca, en el mismo periodo, encontramos a Villa de Valles, San Antonio, Coxcatlán, Tanlaxas, Tampamolón, Tancanhuitz, Tancuallalab, Xilitla y Axila, en total nueve, mientras que el número de propiedades ascendía a 16. En términos numéricos estaban a la par; sin embargo, encontramos diferencias entre las propiedades de cada uno de los espacios, que van desde extensión, producción, población, hasta niveles de endeudamiento. Sin embargo, podemos considerar que el sistema de arrendamiento, explotación de los recursos naturales, así como a donde iban dirigidos los productos se asemejan en ambos espacios.
Si observamos la existencia de casi 61 haciendas, las que a su vez se subdividían en una cantidad casi incontable de ranchos y estancias, más la existencia de ranchos privados, pueblos, ejidos, etc., podríamos considerar que la tierra en ambas zonas tenía dueño, ya fuera de manera corporativa o individual. Por ejemplo, habría que tomar en cuenta los 18 ranchos que tenían los pames de Pinihuan y Lagunillas.
La convivencia en un espacio social en donde cualquier tipo de crecimiento natural de la población podía acarrear serios conflictos por la adquisición de medios de subsistencia afecta la funcionalidad de cada una de las unidades productivas, así como la imposibilidad de que los pueblos indios y los que no lo eran contaran con la tierra suficiente para expandirse en un futuro no muy lejano.2
De esta manera de los casi 63 mil habitantes que se registraron en las 18 localidades y en las 39 haciendas, el 43% se ubicó en pueblos, el 35% en haciendas, frente a un 21% en ranchos y 1% en estancias. Además habría que agregarle que los diversos funcionarios comentaron la dispersión poblacional que existía, no solamente de aquellos individuos y sus familias que se consideraban asentados en los pueblos sino también en las haciendas y ranchos.
Además de que podemos percibir un mayor número de población, en números absolutos, concentrada en lo que se denominó como pueblos, los datos de 1825-1826 nos permiten observar como la hacienda del San Ignacio del Buey (administrada por el Fondo Piadoso de las Californias), ubicada en Villa de Valles y en Villa del Maíz, tenía una superficie de 93 sitios de ganado mayor; mientras que las haciendas de Amoladeras (su dueño era José Mariano Noriega) y la Angostura (perteneciente al Conde de Peñasco), localizadas, la primera en Rioverde y la segunda en la jurisdicción de Guadalcazar, alcanzaban 69 sitios y 20 sitios y quince caballerías respectivamente. Mientras que las haciendas más grandes en la Huasteca, en términos de extensión territorial, eran Miraflores con seis sitios y la de Tantuité con cinco sitios.
Diez años después, observamos como el número de haciendas disminuyen, de las 36 que tenemos en 1825-1826, en 1836 se registran solamente 25. Lo interesante es que "desaparecen" algunas haciendas y se mencionan otras que no fueron consideradas anteriormente. Este hecho solamente lo podemos atribuir a quien elaboró los censos, principalmente los miembros de la comisión que nombraba el alcalde municipal de cada pueblo. Los datos del censo de 1836 son muy variables, y solamente no es posible compararlos en términos de propiedades. Asimismo, igual que en el caso de las propiedades privadas, se mencionan poblaciones que en 1825 no son consideradas, principalmente porque se erigen en ayuntamientos. En el caso de la zona media, distrito de Rioverde, aparecen como municipios: Rioverde, Ciudad del Maíz, Nuevo Gamotes, Lagunillas, Ciudad Fernández (antes Santa Elena), Pastora, Alaquines, La Palma, San José y San Nicolás de los Montes. Para la Huasteca, el distrito de Tancanhuitz abarcaba los municipios de Tampamolón, San Martín, Xilitla, Tancanhuitz, Huehuetlán, Coxcatlán, Axtla, Ciudad Valles, Tanlajás, Tancuayalab, Tamuín y San Antonio.
Desde el siglo XVIII varias haciendas, como ya comentamos, permitieron la creación de misiones en sus terrenos (p.e. Pastora en tierras de La Angostura), con el fin, no solamente de contar con fuerza de trabajo necesaria, sino de ir fortaleciendo sus límites con otras propiedades. El conformar pueblos, cuyas tierras y crecimiento poblacional era controlado por los propietarios privados continuó en el siglo XIX, de esta manera garantizaban contar con fuerza de trabajo, además de rentas, protección a sus linderos y hombres para defender las propiedades o para lanzarse en contra de algún adversario político. Para el siglo XIX se fundaron o cambiaron pueblos a tierras de haciendas. Por ejemplo, en 1823 los dueños de la hacienda de Cárdenas y el arrendatario de la de Amoladeras estuvieron de acuerdo que se cambiara a sus tierras el pueblo indio de Gamotes, el que carecía de agua y buenas tierras. Con la fundación de Nuevo Gamotes los propietarios no solamente recibían un arrendamiento seguro sobre la tierra, sino también sobre el agua que consumían los pobladores, aunque esto no evito que existieran problemas con los herederos de Barragán, cuando esgrimieron sus derechos sobre los diversos afluentes. Sin embargo, no todo era tan sencillo. Las mismas autoridades se quejaban de que era imposible concentrar a la población en los pueblos, ya que las mismas haciendas promovían, aunque con "cierto desagrado" según comentaba el alcalde de Villa de la Palma, que los indígenas se asentaran en los cerros.
En términos de producción, se resalta que tanto los pueblos como las propiedades privadas, se centran en el piloncillo y en el ganado menor y mayor, así como en la comercialización de dichos productos. Esto no implica que se hayan dado cultivos de maíz, fríjol, café, garbanzo, arroz, así como la existencia de huertas con árboles frutales. Sin embargo, son las haciendas las que diversifican sus actividades productivas, utilizando los diversos aspectos de la orografía e hidrología. Aspecto que parece puntualizarse más para la zona media, sobre todo por su cercanía a la ciudad de San Luis Potosí y la Sierra Gorda.
Si la población es una parte esencial en la comprensión de las estructuras agrarias, lo es también a quien pertenecían las tierras. Tanto los actores seculares como los religiosos jugaron un papel importante en el control de la tierra y en el juego político y económico que muchos de los individuos y familias tuvieron. Varias haciendas de la zona media y de la Huasteca pertenecieron a órdenes religiosas (p.e. Ojo de Agua de Solano a los agustinos de San Luis Potosí), a parroquias (Tantuité a la de Tlanchinol, ubicada ésta en la actual Huasteca hidalguense), asimismo fueron parte del Fondo Piadoso de las Californias (Estancia Sabino del Obispo, Hacienda del Buey, Estancia del Custodio), o pertenecieron a cofradías (como condueños de la hacienda de San Felipe).
La Iglesia como corporación tuvo un papel importante en la propiedad de la tierra, no solamente a través de grandes propiedades privadas, sino en la manera en que sus cofradías funcionaron durante una parte importante del siglo XIX. Varias de ellas arrendaban pequeños lotes a los vecinos de los pueblos, como fue el caso de la Cofradía de las Ánimas que en los terrenos que tenían en Ciudad Fernández registraban sus libros contables a 13 arrendatarios; otras entraban en conflictos con los ayuntamientos o los sitios de ganado mayor que la Cofradía de Nuestro Amo de Rioverde tenía en las haciendas de Cañada Grande y Santa Teresa. Un caso interesante de esto último, es el problema que se dio en 1836 entre el ayuntamiento de Tancuayalab y la Cofradía de la Ánimas cuando ésta elevó una enérgica protesta al gobierno del estado, en el sentido de que las tierras en donde se encontraba el pueblo le pertenecían, por lo que el ayuntamiento debería de continuar pagando las rentas establecidas, y no estar solicitando que se las otorgaran en forma de ejidos. Asimismo, como en otras partes de México, las órdenes religiosas, obras pías y las cofradías tenían invertidos importantes capitales, en calidad de préstamos, en varias propiedades privadas, como en San Diego, Jabalí, Amoladeras, Bagres y Tacnul, además en pequeñas propiedades de rancheros considerados pudientes. Varias cofradías de Rioverde, Ciudad del Maíz, Querétaro y la ciudad de México habían facilitado importantes cantidades a los propietarios de las haciendas de la zona media, con el fin de mejorar la infraestructura de sus propiedades, principalmente en la construcción de trojes, canales, molinos y compra de semillas, además de pagar avíos a los peones.
Si bien, hemos podido registrar varios conflictos entre diversos actores sociales, las haciendas recibieron y contuvieron una parte importante de la población, no como pobladores permanentes en sus tierras, sino como arrendatarios, medieros o rentistas de ranchos o estancias. Una parte importante de la población, a inicios del México independiente, se encontraba dentro de los linderos privados. Ahora bien, si consideramos que hubo intentos de las autoridades por lograr concentrar a los habitantes de pueblos dentro del fundo legal, debido a la dispersión y la poca posibilidad de saber dónde y a qué actividades se dedicaban, entonces podemos pensar que los hacendados, aún con la dispersión de la población y que muchos de los habitantes de poblados trabajaban sus tierras y se regresaban a los pueblos, sabían donde se encontraban dichos individuos y familias.
Otro actor importante eran los ayuntamientos, quienes arrendaban los ejidos de los pueblos, y a partir de 1828 controlaban los bienes mostrencos de las cofradías. En muchos casos, los ayuntamientos se enfrentaron con los propietarios privados, situación que encontramos en ambas zonas, no solamente porque estos invadían los ejidos sino porque también cambiaban constantemente las mohoneras que marcaban los linderos con las tierras indígenas. La disputa por la tierra en la Huasteca iba a la par por la lucha del control político y la preponderancia de ciertas familias sobre dicho espacio social, en cambio en la zona media, frente a la consolidación de las haciendas en el periodo colonial, los ayuntamientos casi tenían que rogar para que los propietarios les facilitaran tierras para el pueblo. Sin embargo, no quisiéramos dejar la idea de que solamente se arrendaban tierras a aquellos que no tenían, es decir, personas que encontraban refugio en las propiedades privadas. Hemos observado contratos de arrendamiento por varios miles de pesos, por ejemplo, el que se dio entre el general Esteban Moctezuma y el albacea testamentario de los bienes de Paulo María Verástegui en 1833. El contrato duraría siete años y la renta alcanzaría los 2 600 pesos anuales por la hacienda de Tamasopo, la de Acequia Salada, el rancho de San Ignacio, una casa en Rioverde y una huerta en San Luis Potosí. El objetivo del albacea era que con ese dinero se podían pagar los réditos que pesaban sobre la testamentaria, así como abonar algo al capital de la deuda. Lo interesante de este hecho, es que además de que se consideraba que las propiedades estaban muy abandonadas, Moctezuma había sido el arrendatario de Amoladeras en la década de los veinte del siglo XIX.
La cuestión de la tierra y el agua, así como sus conflictos, pudieron ser solucionados por medios legales, sin embargo, las autoridades locales en muchos casos beneficiaban a los propietarios privados en detrimento de los pueblos y sus individuos. Así fue el caso del pleito entre la hacienda de Santa Inés y Taquín, cuando en 1838 el juez de primera instancia le otorgó tierras a la familia Oyarbide. Diez años después, el subprefecto de Valles consideraba justas las demandas de los vecinos a comparación del prefecto que le comentaba al gobierno cautela en un proceso tan largo. Otros casos, fueron el conflicto en 1828 entre los "indios ciudadanos" y los vecinos de Axtla en contra de los vecinos colindantes, quienes habían construido ranchos ganaderos cerca de sus tierras, por lo que les habían ocasionado serios daños a sus sementeras. Uno más fue el de los indígenas de Tamazunchale, quienes se quejaron al presidente de la república, en 1845, que las autoridades locales se habían aliado con el fin de quitarles sus terrenos. Frente a la falta de respuesta, en 1848, se levantaron los pueblos de Xilitla y Tamazunchale con algunos de sus barrios, exigiendo que los hacendados presentaran los títulos que avalaran su posesión, ya que esos terrenos les pertenecían.
De esta manera podemos estimar que aunque la tierra estaba totalmente ocupada, aunque no físicamente, en los lugares con un mayor número de personas y tierras corporativas, como en el caso de la Huasteca, los conflictos se acendraron y los actores sociales fueron diversos. En el caso de la zona media, las tierras de las haciendas funcionaron como una forma de escape al crecimiento que estaban teniendo los pueblos, que a su vez carecían de las suficientes tierras por sus fundaciones tardías, en muchos casos.

Consideraciones finales
Pensar en el análisis de dos espacios sociales que pueden ser contrastantes, no únicamente en términos socio-étnicos de poblamiento, sino también respecto a los actores agrarios que ocupaban dichos territorios, implica considerar no solo lo que hemos dicho en el transcurso de este escrito, sino tomar en cuenta de qué manera se mueven los individuos a través de esos espacios. El observar que las limitaciones administrativas son casi o más porosas que las de los pueblos y las propiedades privadas nos remite al cuestionamiento de hasta qué punto los mismos individuos conocían esos límites. Sin duda, para el lector ha quedado claro que son más nítidas y precisas las diferencias que los posibles aspectos de contacto entre ambos espacios; sin embargo, habría que considerar que tanto los miembros de las familias como los sujetos que pertenecían a los pueblos o a las propiedades privadas, tenían un mejor conocimiento sobre donde se establecían sus redes sociales y cotidianas. De esta manera, lo que parecería ser una diferencia -en cómo se apropiaban y controlaban los recursos naturales, en la proliferación de haciendas en la zona media frente a la Huasteca, o en la importancia de los pueblos en las tierras huastecas y su escasez en la zona media- nos llevaría a encontrar ciertas concordancias en la manera como los mismos pobladores de hacienda se movían y manifestaban en ambas zonas, así como en los lugares de distribución a los que se dirigían sus mercancías y productos, y los posibles intereses que los grupos de poder compartían y disputaban.
Asimismo, y aunque el conflicto es el tema que puede ser más recurrente en las fuentes documentales, hemos tratado de dejarlo a un lado, aunque si existieron acciones violentas por tierras en Bocas (1850), en Rioverde, Tamazunchale, Xilitla y Tancanhuitz (1848), y aguas Rioverde (1826), así como participaciones masivas e individuales en invasiones a tierras de propiedades. Sin embargo, si bien las manifestaciones violentas pudieron manifestar un momento de tensión, seguimos considerando que las haciendas fueron una válvula de escape para el crecimiento natural de los poblados.
Asimismo, quizá como en otros lugares del país, los ayuntamientos fueron actores de primera línea en los diversos espacios agrarios, sea defendiendo los intereses de sus vecinos o argumentando frente a las autoridades la necesidad de qué sus pobladores no emigraran hacia las propiedades privadas.
Creemos, que hemos podido comprobar como el control sobre el territorio y los recursos naturales por parte de las propiedades privadas iba más allá de las jurisdicciones político-administrativas, y que por lo tanto su interacción en mucho dependía, en una parte, de donde se encontraba el casco principal. Lo cual se complica si consideramos que las propiedades de Barragán, antes de su fraccionamiento por herencia, contaban con casas principales en Valle del Maíz, Alaquines y Cárdenas. No hay duda que el caso de los Barragán puede ser un buen ejemplo de cómo los hacendados de la zona media y algunos de la Huasteca pudieron diversificar sus actividades, logrando invertir en las mejoras de las mismas, sea a través del endeudamiento con las diversas instancias eclesiásticas o a través de comerciantes y usureros. Sin embargo, si bien los hacendados lograron imponer una lógica comercial y económica, los mismos pueblos no fueron víctimas pasivas de las haciendas, sea a través de la ilegalidad (contrabando) o por medio de alternativas viables, los pueblos mantuvieron estrategias de apropiación de territorio, recursos naturales y personas de diversa índole. Hasta ahora, con base en el avance de la investigación, básicamente hemos encontrado la violencia en la Huasteca, esto no nos permitiría ninguna hipótesis, pero si llama la atención que la zona media carezca de documentación sobre acciones violentas masivas, más que el paso de Eleuterio Quiroz de la Sierra Gorda a Villa de Valles en 1849.
Finalmente, esperamos que esto logre motivar un poco más el estudio sobre las propiedades de la zona media y la Huasteca, sin caer en prejuicios académicos heredados de los intelectuales posrevolucionarios, en el sentido de que la historia no debe de ser blanco y negro. Así deseamos que a largo plazo podamos contar con un Atlas de información histórica y contemporánea que nos permita entender los "focos rojos" y "amarillos" que tienen muchas zonas de México en torno a los aspectos agrarios e hídricos.


Notas
1 La recopilación y análisis de la información se desarrolló dentro del proyecto: "Cambios y continuidades de las estructuras agrarias en San Luis Potosí, 1856-1936. Agua y tierra" (CIESAS-CONACyT/Colegio de San Luis. Proyecto 44392/Modalidad A-1).
2 En 1844 el alcalde de la Palma comentaba que "los indígenas de esta villa se dispersan por presencia o costumbre en los bosques o montañas fuera de los límites del pueblo, es efectivo y casi inevitable en su totalidad por estos motivos poderosos en mi humilde concepto, siendo el primero y más fuerte, la suma escasez de terrenos que tienen donde poder hacer sus sementeras, en razón de que se haya el pueblo tan reducido por los cuatro vientos por las haciendas de la Estancita, Amoladeras y Tampol, y como la indiada es numerosa tiene presición de arrendarse dentro de los límites de estas para formar milpas de que subsisten". Archivo Histórico del estado de San Luis Potosí, Secretaría General de Gobierno, leg. 1844.1.


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Antonio Escobar Ohmstede, profesor-investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), D.F.
ohmstede@ciesas.edu.mx


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