Gestión hidráulica y concertación social.
Las presas en el río Aguanaval
LOURDES ROMERO
TDAH Una discapacidad invisible.
1a. Semana Nacional por el TDAH
ADRIANA PÉREZ
Desahogo...
Testimonio AMDAHTA
MARICELA MEJÍA
Perfiles socio-demográficos
del cambio religioso
en México
RENÉE DE LA TORRE
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Nueva pedagogía. Enseñar a aprender en la sociedad del conocimiento
ALAN BARRAZA ET AL
Comunicación de gobierno, la otra cara de la mercadotecnia política
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Actores agrarios en la zona media y la Huasteca potosina en la primera mitad del siglo XIX
ANTONIO ESCOBAR
Pinceladas urbanas
Por-dioseros...
PALOMA BRAGDON
El dolor y su significado a través de la historia
GERARDO ROMERO
ET AL
Los grandes problemas del siglo XXI
ZAQUEO MESTAS
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Resumen
A partir de la problemática desatada en torno a la construcción de dos presas sobre el río Aguanaval,2 este artículo analiza la funcionalidad de los canales de concertación formalmente establecidos entre usuarios y autoridades del sector hidráulico. Centra la atención en la estructura de participación instituida formalmente con base en el carácter deliberativo que supone un esquema democrático y está diseñada fundamentalmente a garantizar la intervención de la sociedad en las tomas de decisión. El artículo pone énfasis en que las condiciones en las que operan tales mecanismos dan escaso margen a la concertación, constituyéndolos en instrumentos de gestión dirigidos prioritariamente a legitimar a la autoridad. En contraparte, la participación organizada de la sociedad deviene en el principal recurso para exponer argumentos y demandar acciones distintas a las que orientan las decisiones y políticas del sector.Palabras clave: agua, participación, conflicto, instituciones. 1. Introducción
Uno de los rasgos definitorios de los Estados democráticos es reconocer en la sociedad la fuente de su poder y legitimidad. En la práctica, el llamado a la democracia se mantiene las más de las veces como un reclamo colectivo que como una aceptación compartida. Los fuertes contrastes sociales, los movimientos reivindicatorios y la inconsistencia entre principios democráticos y ejercicio del poder político, entre otros, impiden reconocer que en los sistemas democráticos el poder del Estado radica en la sociedad. Estas circunstancias también inducen a eludir que las estructuras institucionales son construcciones dinámicas y perfectibles que obedecen a acciones colectivas. Un enfoque de largo plazo sobre las modernas democracias occidentales nos permite observar que ha sido la participación organizada de los ciudadanos la que ha legitimado un orden de convivencia basado en instituciones de corte democrático. Es decir, los derechos democráticos instituidos formalmente a través de la figura del Estado proceden de acciones colectivas a través de las cuales se ha transitado por un proceso continuo de innovación en las vías para acceder o concretar principios como la libertad o la igualdad, acciones que en diversos momentos han devenido en amplios movimientos sociales con un alto costo humano y material. Este es el caso de los derechos ciudadanos sobre el territorio y sus recursos, establecidos en la Constitución Política de 1917 a través de la figura de la propiedad nacional. Emanado de un movimiento armado, este pacto político introdujo una dimensión identitaria y territorial del concepto de nación a partir del cual sus ciudadanos -como su parte sustantiva- se constituyeron en los depositarios originales de la propiedad del territorio. De igual forma, el decreto constitucional atribuyó a la Nación la facultad para imponer a la propiedad privada las modalidades "que dicte el interés público, así como el derecho de regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública".3 La institucionalización de este derecho a través del Estado ha correspondido a la estructura de representación que le es propia. A través del ejecutivo y del congreso, se han elaborado los marcos reglamentarios mediante los cuales se han fijado las reglas para buscar una distribución equitativa de los recursos, sin embargo, la aplicación de esta reglamentación se enfrenta con otro de los rasgos característicos de las sociedades democráticas, consistente en coexistir con un sistema de intercambio de bienes basado en el mercado y consiguientemente generador de la desigualdad que conlleva la concentración de los beneficios derivados de aquel.4 Conciliar ambas circunstancias es uno de los principales desafíos de los sistemas democráticos, hasta ahora la participación ciudadana en el diseño de las políticas públicas con base en principios democráticos ha constituido una de las principales vías tanto para dar estabilidad al sistema, como para legitimar el poder del Estado y consumar su fin primordial. Con relación al agua de los ríos, la participación de los usuarios mediante acuerdos explícitos ha sido un mecanismo habitual desde tiempo atrás. La legislación mexicana post-revolucionaria incluyó desde 1926 la participación de los usuarios mediante figuras tales como las Juntas, Sociedades o Asociaciones de Agua. La legislación de 1992 introdujo cambios organizativos cuyos alcances fueron sustancialmente mayores en cuanto a la cantidad y la calidad de la participación. Mediante lineamientos tales como la planeación participativa y la gobernabilidad democrática, se crearon los Consejos de Cuenca, el Consejo Consultivo del Agua y el Movimiento Ciudadano por el Agua. Los Consejos de Cuenca constituyen el eje de la estructura organizativa del sector debido a que están diseñados justamente como espacios de concertación entre usuarios, autoridades del agua, instituciones y organismos de la sociedad civil y ciudadanía en general. La Ley de Aguas Nacionales de 1992, estableció los Consejos de Cuenca con el fin de instrumentar la concertación de objetivos, programas, acciones, etc., con usuarios, grupos y organizaciones de la sociedad (Art. 13).5 Su propósito es lograr un uso ordenado del territorio y la conservación de los recursos bajo parámetros de gobernabilidad, en los que se consideren instancias jurisdiccionales (municipios) y los procesos sociales particulares que se generan en el entorno de las cuencas hidrológicas.6 En su estructura organizativa, los Consejos de Cuenca tienen prevista la representación de los usuarios mediante esquemas de elección (según tipo de uso y con voz y voto). En La Laguna opera el Consejo de Cuenca Nazas-Aguanaval, creado en 1998,7 que no obstante obedecer a objetivos muy precisos en cuanto a la participación de los involucrados en el uso y administración del agua, ha mostrado serias debilidades para cumplir su función. En la práctica, se ha caracterizado por ser una instancia controlada por los grupos de poder locales, lo que además de restarle representatividad y credibilidad entre un amplio sector de usuarios, le ha llevado a incumplir los objetivos asignados a los Consejos de Cuenca. Esta situación, como ocurre en otras regiones del país, ha cancelado los causes institucionales de la deliberación y ha dado lugar a la movilización ciudadana. El plan hidráulico sobre el Aguanaval, si bien constituye un caso particular, ofrece elementos para abordar los problemas de representatividad y legitimidad que enfrentan las instituciones vinculadas al manejo y administración del agua y han dado lugar justamente a una movilización ciudadana. 2. El plan hidráulico sobre el Aguanaval
A mediados del año 2003, la Comisión Nacional del Agua (CNA), a través de la Gerencia Regional Cuencas Centrales del Norte, presentó formalmente el proyecto de construcción de dos presas sobre la corriente del río Aguanaval. El plan consiste en la construcción de la presa "El Tigre", en el municipio de San Juan de Guadalupe, Durango, y la presa "Cañón de La Cabeza" en Jimulco, municipio de Torreón, en el estado de Coahuila. La primera con una cortina de 45 m de altura y un embalse con capacidad para almacenar 14 hm3, suficientes para irrigar 1600 ha, ocupando una superficie de 270 ha, y un costo de 100 millones de pesos. La segunda está planeada para tener una capacidad de 230 hm3, una altura de cortina de 35 m, y un embalse de 3700 ha, calculando que su costo ascendería a 350 millones de pesos.8Aunque el proyecto fue presentado oficialmente en 2003, desde al menos un año antes se habían difundido noticias sobre la inminente construcción de las presas. Desde entonces surgieron voces en contra del plan. Una de las primeras provino de los ejidatarios de Jimulco, en la parte baja del río, quienes expresaron su oposición por considerar que los embalses disminuirían el caudal y evitarían la recarga del acuífero.9 De manera paulatina, otras organizaciones campesinas y diversos sectores de la sociedad, tales como asociaciones de agricultores pertenecientes a la pequeña propiedad, agrupaciones empresariales y asociaciones ambientalistas se fueron incorporando al debate. Por su parte, las autoridades jurisdiccionales locales, representantes populares, y gobiernos estatales, se manifestaron desde entonces en -mayor o menor medida y desde diferentes puntos de vista-, en torno al proyecto. La inserción de tal diversidad de actores obedeció a la variedad de intereses involucrados en la disputa por el agua del río, así como a la magnitud de la problemática ambiental en términos regionales, de ahí que, de centrarse en el volumen de agua que llegaría a la parte baja del río, se pasó a una amplia discusión sobre los beneficios diferenciales e inequitativos que traería consigo la construcción de los embalses, así como a cuestionar el impacto ambiental que ocasionarían en el sistema ripario, en los mantos acuíferos y en el abasto de agua tanto para uso agrícola como urbano, en toda la región lagunera. Pero el debate ha ido más allá, ha puesto en evidencia que los grupos, organismos y asociaciones de la más diversa índole que han manifestado su oposición a las presas, no han encontrado un canal institucional adecuado para que sus argumentos sean sometidos a una justa valoración o que exista un mecanismo de consulta que certifique que las tomas de decisión oficial cuentan con el consenso de los usuarios, aún cuando el organismo a cargo del recurso, como se señaló, cuenta con una estructura diseñada expresamente para ello. Por el contrario, el inicio de los trabajos para la construcción de la presa El Tigre, en el municipio de San Juan de Guadalupe, Durango, a principios de mayo de 2005 y la inmediata y decidida reacción de los grupos opositores, revelan que el proyecto careció del consenso y la legitimidad que debía haberse garantizado a través de aquellas estructuras de concertación. Las razones que argumentó la CNA para justificar la construcción de ambas presas, fue la necesidad de prevenir las avenidas torrenciales que de manera cíclica producen fuertes inundaciones en las poblaciones de Congregación Hidalgo, Redención Agraria, Gabino Vázquez y Petronilas, todas ellas situadas en la parte baja del río, y comprendidas en la zona urbana de Matamoros, municipio de Coahuila. Según datos de la CNA, estas inundaciones han obligado al gobierno de Coahuila a solicitar recursos del Fondo Nacional para Desastres Naturales (FONDEN),10 así como a erogar alrededor de 70 millones de pesos en la rehabilitación de bordos y eliminación de azolve en represamientos.11 El segundo argumento esgrimido por el organismo fue que de los 700 mil m3 que escurren del río Aguanaval en temporada de lluvias, actualmente solo se emplean 100 mil m3 para el cultivo, por lo que el proyecto aseguraría el riego de 5 250 hectáreas en los municipios de la parte alta del río como son San Juan de Guadalupe y Simón Bolívar, Durango, cuyos beneficiarios serían alrededor de 500 o 600 familias.12 La oposición al proyecto adquirió una mayor dimensión desde principios de 2003 cuando la noticia acerca de la construcción de las presas dio lugar a que diversas organizaciones se manifestaron en contra, entre ellas, la Cámara Agrícola y Ganadera de Torreón (que agrupa a empresarios agricultores pertenecientes a la "pequeña propiedad"); la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX); la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), y a las asociaciones ambientalistas Biodesert, ProdeNazas y En Defensa del Ambiente. En marzo de 2003 COPARMEX organizó un foro que reunió a ejidatarios de Jimulco, representantes empresariales y asociaciones no gubernamentales. Los representantes de alrededor de cinco mil campesinos del Cañón de Jimulco, declararon que se opondrían a la construcción de un embalse por considerarlo una amenazara el área de la Reserva Municipal Cañón de Jimulco, que entonces se hallaba en proceso de formalización (hecho que tuvo lugar en junio de 2004).13 El consenso de los asistentes fue que no solamente se opondrían a la retención del agua en la parte superior, sino, sobre todo, que estaban en desacuerdo con la decisión de la gerencia regional de formular un proyecto sin haber consultado a los usuarios. Uno de los acuerdos de la reunión fue justamente:
Lo expresado por el acuerdo puso en evidencia que el proyecto se preparaba sin el consenso de los usuarios, que según los causes institucionalmente establecidos dentro de la CNA, debía haberse logrado a través del Consejo de Cuenca. El propio gerente regional reconocería más tarde que había sido "la opinión pública negativa" la que descarriló el proyecto en su curso original de construcción en 60 días y lo condujo hacia la necesidad de analizar y consensar el proyecto" [sic].15 El primer intento por consensar el plan sobre el Aguanaval fue concretado en julio de 2003, en una reunión convocada por el gobernador de Coahuila, limitándose a los miembros del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), organismo que agrupa a las principales cámaras y sociedades empresariales.16 En dicha reunión el gobernador coahuilense aseguró que la decisión acerca de las presas se tomaría "en consenso con la participación de los sectores involucrados en el tema".17 Pero el gobernador de Durango no era de la misma opinión, días más tarde declaró que:
Ejidatarios de Jimulco expresaron su temor de que las presas fueran almacenadoras y no reguladoras ("rompepicos"), pues "retendrán el agua a su antojo, independientemente de que nos suban el precio de la misma, además de que nos quitarán hectáreas a la siembra, nos harán que "tronemos" y luego tendremos que venderlas al mejor postor".19 Al reclamo de los campesinos se sumaron buen número de actores. La COPARMEX afirmó que históricamente las presas:
3. La interlocución CNA-usuarios
La gerencia regional mantuvo una actitud reactiva, luego de que se difundiera que no se había llevado a cabo el estudio de impacto ambiental, el organismo anunció la licitación del citado estudio. La notificación fue hecha por el funcionario durante la celebración de una reunión extraordinaria del Consejo de Cuenca Nazas-Aguanaval, en septiembre de 2003, donde correspondía justamente abrir una amplia interlocución con los opositores a las presas. La gerencia regional solo informó que llevaría a cabo "foros de consulta" para conseguir el consenso.22Para concretar lo anterior, la gerencia efectuó reuniones en diversas comunidades de Viesca y en otras áreas de la parte baja del Aguanaval ubicadas en el municipio de Torreón, sin embargo carecieron de mecanismos que aseguraran la valoración ponderada de las opiniones de los campesinos, por lo que resultaron reuniones de información y convencimiento que no lograron este objetivo. Las declaraciones, plantones y muestras de rechazo al plan del Aguanaval continuaron de manera persistente. El 4 de febrero de 2004 la gerencia regional eludió la asistencia a la reunión que se llevaría a cabo en el edificio de gobierno del estado de Coahuila en Torreón, y a la que convocaron organizaciones campesinas y civiles. La explicación fue que la consulta la llevaría a cabo SEMARNAT "la cual se encargará de difundir, poner a consideración pública y en su caso, llevar a cabo las consultas a que haya lugar".23 La gerencia se limitó a celebrar encuentros con representantes empresariales (CLIP) y se comprometió a llevar a cabo foros de información con 20 comunidades usuarias del Aguanaval.24 De esta forma, se reunió con comisariados ejidales de los municipios de Viesca y Matamoros, convocados por el presidente del Módulo de riego Núm. 20, cuya finalidad, según informó el gerente, fue "tratar de convencer a los productores sobre los beneficios que traería consigo la construcción de la presa". Aunque el presidente del módulo de riego afirmó que la opinión general de los agricultores era a favor de las presas, no mencionó el mecanismo por el cual llegó a esta conclusión, sin embargo, los hechos posteriores contradecirían dicha afirmación. Las dificultades para encausar el conflicto a través de las instancias de la CNA, volvió a quedar de manifiesto cuando de nueva cuenta las organizaciones volvieron a tomar la iniciativa para convocar a las autoridades a un foro plural. El 2 de marzo, en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Monterrey, campus Torreón, se efectuó un foro que contó con la asistencia de representantes de Greenpeace, World Fundation for Nature (WWF), el Centro de Calidad Ambiental, entre otros. La percepción de los asistentes fue contraria a la evaluación que presentó CNA sobre las bondades de las presas.25 La inconformidad con el proyecto y sobre todo con la forma como la gerencia había venido manejando el conflicto, se recrudeció a partir de este momento. En marzo de 2004 alrededor de 10 mil campesinos formaron un frente amplio contra las presas. A él se integraron alrededor de 60 comunidades rurales agrupadas en alguna de las siguientes organizaciones: Confederación Nacional Campesina (CNC); Unión Campesina Democrática (UCD); Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC); Consejo Nacional de Sociedades y Unidades con Campesinos y Colonos (CONSUCC); Consejo Agrario Permanente (CAP); Consejo Nacional de Sociedades y Unidades con Campesinos y Colonos (CONSUCC); Consejo Agrario Permanente (CAP); Confederación Nacional Campesina (CNC); Unión Campesina Democrática (UCD); y Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC).26 Por su parte, los ejidatarios de San Juan de Guadalupe, beneficiarios probables de las presas, empezaron a manifestarse en los distintos eventos donde se planteó el asunto de las presas. Tal como había anunciado la gerencia regional, en abril de 2004 la SEMARNAT convocó a "reuniones públicas de análisis técnicos, sociales y científicos" sobre la construcción de cada una de las presas. Las reuniones tendrían lugar durante dos días, sin embargo SEMARNAT anunció que prohibiría "cualquier manifestación en pro o en contra del proyecto" afuera de las instalaciones donde se llevarían a cabo (salón de un hotel de Torreón), la participación sería a través de ponencias inscritas previamente y quienes asistieran sin registro podrían hacer preguntas "mediante previa petición".27 Las expresiones de descontento se incrementaron, era un hecho que habría manifestaciones durante las reuniones. Un campesino del ejido Jalisco, agrupado en el contingente de la CNC, se preguntaba ¿a dónde nos quieren mandar?... En tanto la Cámara Agrícola y Ganadera de Torreón manifestó:
Las reuniones de abril fueron el mayor intento oficial por abrir el debate de las presas a la sociedad, sin embargo, cabe reiterar que no tuvo lugar de acuerdo a los causes institucionales de la CNA, sino de la SEMARNAT, en concreto, de las disposiciones de la Ley Federal del Equilibrio Ecológico, que tampoco consiguieron el consenso. El mensaje final de la secretaría fue que ésta recogería las opiniones y emitiría un dictamen en junio siguiente, que, como era de esperarse, fue favorable al proyecto. El evento convocado por SEMARNAT en abril de 2004, puso de manifiesto dos hechos de singular trascendencia: la ausencia de canales efectivos de comunicación para informar y encausar la discusión con los usuarios, así como la omisión del cumplimiento de las disposiciones en cuanto a los estudios de impacto ambiental, los cuales se realizarían a posteriori y sin la rigurosidad necesaria para convencer a los opositores acerca de la inocuidad del plan respecto de la recarga del acuífero y de la afectación del sistema ripario a largo plazo. Algunos testimonios de estas circunstancias fueron los siguientes: a) Sobre la falta de comunicación e información. El representante de una asociación productores de leche de traspatio en Jimulco, declaró:
El debate abierto en torno a las presas sobre el Aguanaval ha puesto de manifiesto, en primer término, la incapacidad del organismo regulador para comunicar y transparentar sus acciones, por lo que los destinatarios de las mismas (usuarios del Aguanaval y habitantes de la cuenca en general), carecen de la información necesaria para avanzar en el consenso. Por el contrario, el conflicto ha roto la confianza de amplios sectores de usuarios y actores sociales en la institución encargada de regular el recurso. Se ha puesto en duda la veracidad de los argumentos que llevaron a la gerencia regional a aprobar el proyecto, aún más cuando el propio estudio de impacto ambiental advierte que sin un plan integral para resolver el problema, las 600 familias beneficiarias continuarán bajo la misma dinámica económica, conminados a optar por la migración.35 En cambio, existe el convencimiento de que el interés real es valorizar las tierras permitiendo con ello incorporarlas a la especulación de derechos de agua a través del mercado negro, práctica que se extiende por toda la región. Para quienes se pronuncian a favor de las presas este acaparamiento de tierras y derechos de agua en los municipios que se verán beneficiados por las obras no es un hecho consumado, lo que en cambio sí caracteriza a la región baja de la comarca.36 En segundo lugar, la discusión ha permitido poner el énfasis en la variable ambiental. Los sectores en contra del proyecto han advertido la necesidad de llevar a cabo un estudio integral de la cuenca que pondere los efectos negativos que puede causar el embalse en un ambiente frágil como el que caracteriza el paisaje semidesértico de la zona, aún más cuando el paradigma del represamiento del agua como una solución hidráulica inocua, está siendo ampliamente cuestionada a nivel internacional, como es el caso de la Comisión Internacional de Presas y Environmental Defense, entre otros.37 Conclusión
El conflicto desencadenado por la construcción de las presas sobre el río Aguanaval, revela que la deliberación democrática institucionalmente establecida a través de una estructura organizativa formal, como sería el Consejo de Cuenca, no necesariamente asegura su cumplimiento. Este hecho tiene varias aristas, por una parte expone que la falta de representatividad y consiguientemente de consensos pueden convertirse en la principal amenaza para su desempeño institucional, pues los costos de subsanar las irregularidades en las tomas de decisión pueden implicar un desgaste de recursos desproporcionado a los beneficios que originalmente se habían planteado. Pero no solamente, también manifiesta que la propia sociedad organizada demanda la deliberación abriendo sus propios canales de expresión que contrarresten los actos de poder y de autoridad por parte de los sectores que conforman las instancias formalmente instituidas. La trascendencia de proceso es que estas acciones configuran nuevos espacios para dirimir los conflictos entre grupos de poder desiguales, y hasta ahora han transcurrido apelando a los principios democráticos. De ahí que la búsqueda se concentre en mecanismos que permitan una redistribución más equitativa de los derechos sobre el agua que garanticen el acceso a un recurso de uso común consagrado constitucionalmente.En suma, el conflicto puede percibirse como parte de un proceso de continua búsqueda social por mejorar las instituciones el consenso en torno de medidas racionales, es decir a soluciones acordes al interés colectivo y más armónicas con el medio ambiente, racionalidad de la cual depende tanto la sustentabilidad de los recursos como la gobernabilidad de la cuenca. Atendiendo a los mecanismos de cambio institucional que genera el conflicto, es de esperarse que las instituciones transiten de la anomia que las ha distinguido a lo largo de todo el proceso, a un orden marcado por nuevos acuerdos que garanticen un manejo más racional y equitativo de los recursos. 
Notas
1 Este artículo es un avance de investigación del proyecto Ciudadanía y Gestión pública del Agua en la Comarca Lagunera, 1992-2004, que desarrolla la autora dentro de la línea de investigación Ambiente y Sociedad del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Fue presentado en el V Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, 25-28 de Mayo de 2005, Cd. de Oaxaca, México.
2 El río Aguanaval se localiza en los límites de los estados de Durango y Coahuila; su longitud es de 500 km y tiene un escurrimiento anual de 394 hm3, de los cuales 230 son dedicados a usos consuntivos, empleados en el riego de 31 496 ha. Administrativamente está incluido en la Región Hidrológico-Administrativa VII, Cuencas Centrales del Norte. La población que habita los municipios alimentados por el Aguanaval asciende a 336, 301 habs. CNA, Programa Hidráulico Regional 2000-2006, Cuencas Centrales del Norte, México, 2003, pp. 31, 40. 3 Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917. 4 Bajo el esquema democrático la vía legislativa es el canal formal por excelencia para encausar las diferencias, reelaborar los acuerdos, innovar arreglos y darles carácter institucional. Otro tanto ocurre con los aparatos de impartición de justicia que junto con los marcos legales, forman parte de la arena donde los actores se disputan la búsqueda de un equilibrio y la redistribución equitativa de los beneficios que trae consigo la actividad económica. Dentro de la amplia producción teórica que se ha generado en torno a este enfoque destaca la economía institucional, sistematizada fundamentalmente por Douglass North. 5 A su vez corresponden al criterio de la CNA para administrar el recurso, el cual parte de considerar a las cuencas o áreas geográficas por donde fluye el recurso, como unidades integradas por rasgos geohidrológicos y sociales. El Consejo de Cuenca Nazas-Aguanaval a la fecha ha tenido dos reuniones de Consejo, y diversas mesas de trabajo. CNA, Consejo de Cuenca Nazas-Aguanaval, Grupo de trabajo 5 "Ecología e impacto ambiental", Torreón, Gerencia Regional Cuencas Centrales del Norte, [2002]. 6 J. Esteban Castro (et al.), "Ciudadanía y gobernabilidad en la cuenca…", pp. 201-231. 7 Programa, op. cit., p. 22. 8 "La presa del Cañón de la Cabeza evitará inundaciones del Aguanaval", El Siglo de Torreón, 10/09/2004. El área de afectación comprende además de los municipios de San Juan de Guadalupe y Torreón, los de Simón Bolívar, en el estado de Durango, y de Matamoros y Viesca, en Coahuila. 9 Domingo López, "Rechazan construcción de presas", Milenio, 21/04/2002. 10 Domingo López Bustos, "Gobierno federal autoriza construcción de presas", Milenio, 04/03/2004. 11 "Persiste debate por presas", El Siglo de Torreón, 27/08/2004. 12 La gerencia regional ha mencionado dos cifras diferentes respecto del volumen que "se pierde" en la laguna de Viesca, 100 y 200 mil m3. Sobre el número de familias: Domingo López, "Proyecto alcanzado tras 60 años de gestiones", Milenio, 7/05/2005. 13 Domingo López, "Ejidatarios se oponen a construcción de presas", Milenio, 8/03/2003. 14 Ibid. El acuerdo fue recogido por el director de Ecología Municipal de Torreón. 15 Declaración de Jaime Hernández Escobar, productor del ejido La Flor de Jimulco. Javier Cassio y Domingo López, "Presas evitarían desaprovechar 200 millones de m3: Conagua", Milenio, 7/03/2004. 16 Boletín de Prensa del Gobierno del Estado de Coahuila, 18/07/ 2003. 17 Juan Antonio Martínez, "Se consensará decisión para construir las 2 presas: EMM", Milenio, 20/07/2003. 18 Cuauhtémoc Torres, "Construcción de presas no se detendrá, Milenio, 25/07/2003. 19 Domingo López, "Presas pueden afectar zona protegida", Milenio, 12/08/2003. 20 En julio de 2003 el CLIP presentó una solicitud al director general de la CNA, para que el organismo se comprometiera a garantizar la inclusión de estas observaciones antes de aprobar el proyecto. Javier Cassio, "Sociedad y autoridades deben avalar las presas: Coparmex", Milenio, 27/07/2003. 21 Domingo López, "Licitan concurso del estudio ambiental para dos presas", Milenio, 12/08/2003. 22 Juan Antonio Martínez, "Licitan concurso del estudio ambiental para dos presas, Milenio, 12/09/2003. 23 Domingo López, Autoridades vuelven a dejar "plantados" a los campesinos", Milenio, 5/02/2004. 24 Emilio Alcocer, "Analizan vialidad [sic] de construir presas en el lecho del Aguanaval", Milenio, 2/03/2004. 25 Al mismo tiempo tuvieron lugar otras tantas reuniones plurales en restaurantes y museos, en tanto los campesinos llevaron a cabo plantones en la plaza de Torreón. 26 Domingo López, "Forman frente civil contra construcción de presas", Milenio, 7/03/2005. 27 Juan Alba, "Prohibirán manifestaciones en pro o en contra de la presa El Tigre", Milenio, 11/04/2004. 28 Juan Alba, "Realizan hoy consulta pública sobre construcción de presa", Milenio, 13/04/2004. 29 Juan Alba, "Realizan hoy consulta pública sobre construcción de presa", Milenio, 13/04/2004. 30 J. M. Mena y Juan Alba, "Falta consenso para la construcción de presa", Milenio, 14/04/2004. 31 Ibid. Cabe agregar que COPARMEX solicitaría más tarde a través del Instituto Federal de acceso a la Información, la documentación que avalara el dicho de la CNA en el sentido de que el municipio había solicitado dichas obras, información que CNA aceptó no tener. 32 El Siglo de Torreón, 30/07/2004. 33 Ibid. 34 El director del Instituto Municipal de Ecología de Torreón, incluso, promovió la aprobación del Reglamento de Desarrollo Sustentable y Protección al Ambiente "propuesta innovadora y única en todo el país, porque se trata de eliminar el criterio de los límites de competencia […] garantizando la participación directa de la autoridad municipal en temas de importancia, por medio de la facultad con que cuenta para hacer todas las investigaciones pertinentes sobre temas ambientales y remitir sus conclusiones cuando éstas sean de la competencia federal o estatal". El Siglo de Torreón, 30/07/2004. 35 Al parecer hay varias versiones del Manifiesto de Impacto Ambiental, que ya no está disponible en la página web de SEMARNAT. 36 Por ejemplo, se identifica a algunos detractores como los que impulsan proyectos de cultivo forrajero en el Valle del Hundido, contiguo a la reserva ecológica de Cuatrociénegas, Coahuila. 37 Reporte del estudio realizado por la Comisión Mundial de Presas entre 1998 y 2001. www.dams.org; Meter Coles, "Las grandes presas, el fin de una época", El Correo UNESCO, abril, 2000. www.unesco.org Bibliografía citada
— Castro, J. Esteban (et al), "Ciudadanía y gobernabilidad en la cuenca del río Bravo-Grande", en Blanca Jiménez y Luis Marín (edit.), El agua en México vista desde la Academia, México, Academia Mexicana de Ciencias, 2004, pp. 201-231.
— CNA, Programa Hidráulico Regional 2000-2006, Cuencas Centrales del Norte, México, 2003. — CNA, Consejo de Cuenca Nazas-Aguanaval, Grupo de trabajo 5 "Ecología e impacto ambiental", Torreón, Gerencia Regional Cuencas Centrales del Norte [2002]. — Gobierno del Estado de Coahuila, Boletín de Prensa, 18/07/ 2003. Ley de Aguas Nacionales, 1992. — Meter, Coles, "Las grandes presas, el fin de una época", El Correo UNESCO, abril, 2000. www.unesco.org — North, Douglass, Instituciones, cambio institucional y desempeño económico, México, Fondo de Cultura Económica, 1993. — World Comission on Dams, Represas y desarrollo, un nuevo marco para la toma de decisiones, Noviembre, 2000. www.dams.org — Zárate Flore, Alfonso, México, democracia y conflicto, México, Tribunal Electoral de la Federación, 2003 (Col. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM). Fuentes hemerográficas
Opinión Milenio, Torreón, Coahuila.
El Siglo de Torreón, Torreón, Coahuila. Lourdes Romero Navarrete, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social/Programa Noreste.
lunavarrete@yahoo.com.mx | |||||||||||||||||||||||||||||||